El caso del general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI Wilmar Mejía es uno de los escándalos de inteligencia más graves que ucurrieron a finales de 2025.
Ambos están involucrados en una presunta infiltración de las disidencias de las Farc (facción de alias Calarcá) dentro de la cúpula militar y de inteligencia del Estado. La investigación comenzó a partir de documentos incautados en noviembre de 2024, los cuales sugieren que altos funcionarios del Estado habrían suministrado información crítica a las disidencias, incluyendo coordenadas de operativos y frecuencias radiales militares.
Altos mandos de la DNI y del Ejército, como el general Huertas, son investigados por presuntos vínculos con disidencias de las Farc – crédito redes sociales
Además, se descubrió que existía una propuesta para crear una empresa de seguridad privada que serviría de fachada para que las disidencias pudieran portar armas y moverse con permisos oficiales.
El general Huertas, que fue reintegrado al Ejército por el presidente Petro, está acusado de coordinar la logística de seguridad para las disidencias, mientras que Wilmar Mejía habría actuado como enlace entre los cabecillas de “Calarcá” y oficiales de seguridad del Estado.
Ambos fueron suspendidos por la Procuraduría en noviembre de 2025 y retirados de sus cargos en diciembre. La Fiscalía comenzó a analizar los discos duros incautados para verificar la autenticidad de los mensajes y correos electrónicos que los vinculan con las disidencias.
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